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El peligro de ser un defensor de los derechos humanos en Guatemala

Durante los años 2017 y 2018 se produjeron 39 asesinatos y casi 900 ataques contra defensores de los derechos humanos en Guatemala. La violencia no es el único peligro al que se enfrentan esas personas, sino que también sufren amenazas, intimidación, vigilancia, estigmatización y violencia sexual y de género.

Una de las principales inquietudes que describe el informe es la criminalización que sufren los defensores de los derechos humanos basada “en el uso indebido del derecho penal en su contra”, que afecta especialmente a los defensores de los derechos a las tierras y los recursos naturales.

El informe, de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que dirige Michelle Bachelet, describe los riesgos concretos que sufren ciertos grupos de personas como las poblaciones indígenas, las mujeres, los defensores del colectivo LGBTI, periodistas, jueces y abogados independientes y los defensores de las garantías fundamentales de víctimas del conflicto interno.

El estudio, elaborado en colaboración con la Procuraduría de Derechos Humanos, recabó, documentó y analizó la información proporcionada por la Oficina y la Procuraduría durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2019.

Para su confección se condujeron más de 190 entrevistas con defensores de derechos humanos, autoridades estatales y otros actores, así como en misiones de supervisión en todo el país.

Alto porcentaje de casos
De los 196 defensores de las garantías fundamentales entrevistados, el 86% sufrió ataques o amenazas al menos una vez en el periodo que estudia el informe y un 58% en más de una ocasión.

Del mismo modo, concluye que los ataques provienen tanto de actores estatales como no estatales. La Oficina y la Procuraduría “recibieron información sobre el involucramiento en los ataques de actores políticos, del crimen organizado (incluyendo en áreas fronterizas), de la seguridad privada y del sector privado, o incluso personas contratadas o movilizadas para llevar a cabo los ataques”.

Aumenta el peligro durante el proceso electoral
El informe también indica que el actual proceso electoral en el que se encuentra Guatemala se incrementan los riesgos para la seguridad y el trabajo de los defensores de los derechos humanos.

Así, se logró documentar ataques contra líderes comunitarios e indígenas y el asesinato de tres candidatos y de dos personas que manifestaron su voluntad de postularse para un cargo público desde enero de 2019.

“La impunidad en relación con estos delitos es persistente y generalizada. Los jueces independientes -incluidos los de los tribunales superiores- y los fiscales sufrieron agresiones, amenazas y represalias y fueron estigmatizados, en concreto debido a su participación en casos de corrupción o de justicia transicional”.

Algunos de los elementos que dificultan los cambios estructurales necesarios para resolver esta situación son la corrupción endémica, la falta de tenencia de la tierra, la seguridad y las debilidades institucionales.

Más protección y campañas de sensibilización
El informe recomienda al Gobierno aumentar las medidas “de prevención, protección, investigación y enjuiciamiento de los delitos cometidos contra los defensores de los derechos humanos”.

De igual forma pide que se conduzcan campañas de sensibilización sobre la trascendencia “de la defensa de los derechos humanos para la democracia y el Estado de Derecho”, y que adopte políticas públicas de protección para los defensores de los derechos humanos.

En relación con el actual proceso electoral recomendó a los partidos políticos y a sus candidaturas que “incorporen en sus agendas un enfoque de derechos humanos”, con el objetivo final de “lograr así una sociedad más inclusiva y un entorno seguro y propicio para la defensa” de las garantías fundamentales.